Tras la alarma generada por los recortes en sanidad efectuados por el gobierno de la Generalitat en Cataluña, hay expectación por conocer si esos recortes se extenderán al conjunto de las Comunidades Autónomas.
Todo hace suponer que, salvo aquellas Comunidades Autónomas en las que en mayo se produjo un cambio de gobierno, habrá una política continuista en lo que a la elaboración de los presupuestos del 2012 se refiere. Unos presupuestos que a todas luces resultarán insuficientes, como lo han sido en el presente año y como lo vienen siendo desde las transferencias de la sanidad a las Comunidades Autónomas en el 2001. Los registros del gasto sanitario señalan que el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene un desajuste presupuestario anual de 3.500 millones de euros que se agregan a la deuda existente y que alcanza los 15.000 millones de euros. Se trata de un gasto que ha crecido más deprisa que el PIB y que es producto del aumento de la esperanza de vida, de la influencia del progreso técnico-médico y de una tendencia incrementalista y desordenada de las prestaciones sanitarias. El previsible aumento del gasto se hará, un año más, a costa del déficit trasladando con ello el problema a ejercicios futuros. Al tiempo se responsabiliza del déficit a la insuficiente financiación evitando al ciudadano el debate mayor gasto-mayor presión fiscal. Apelar, ahora, a la industria farmacéutica o a la mejora en la eficiencia es una condición necesaria pero no suficiente porque el problema no es solo de financiación. Buena prueba de ello es que ni el modelo de financiación del gobierno de Aznar, ni los 1.700 millones de euros derivados del Estado a través de las Conferencias de Presidentes (y que no en todos los casos fueron destinados a la sanidad), ni el modelo de financiación vigente de Zapatero han servido para frenar el déficit.
El problema radica básica y esencialmente en que el actual modelo del SNS está en crisis y no solo coyuntural, como consecuencia de que no hay dinero, sino también estructural.
Las CC.AA. son gestoras del Estado de Bienestar al que dedican 2/3 de sus presupuestos. Tal vez haya llegado el momento de reajustar el Estado de Bienestar a nuestras posibilidades reales.
Tanto más cuanto que la demagogia política y la medicalización de los problemas sociales han convertido al ciudadano de usuario a consumidor sin conciencia del coste a la hora de la utilización de los servicios sanitarios y ya se sabe que a coste cero la demanda es infinita. Es preciso preguntarse si en el momento actual se puede seguir financiando y utilizando recursos sanitarios en ninfoplastias, una operación cosmética del aparato genital femenino que en los últimos años ha experimentado una creciente demanda entre las mujeres jóvenes. Mientras, personas que han perdido la salud, permanecen en listas de espera diagnósticas o quirúrgicas. Por otra parte, es un hecho conocido que se están produciendo desigualdades en el acceso a las prestaciones y, por tanto, indicios de inequidad. Hay pues que definir prestaciones y promover un debate sobre lo que se quiere hacer y lo que cuesta. Todo ello en el marco de un nuevo contrato social para el SNS como fruto de un gran acuerdo político y social.
Conocer y hacer saber las dificultades sin engaños es el mejor de los caminos para superarlas.
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