Es evidente que la crisis económica no respeta ningún lugar por recóndito que éste sea. Como no podía ser de otro modo ha llegado, y de qué manera, a los medios de comunicación. La causa no es otra que el hundimiento de la publicidad que, sin embargo, parece aún no haber tocado fondo. Desasistidos de la misma, muchos de ellos se encuentran a merced de los presupuestos o de las subvenciones gubernamentales para seguir subsistiendo. No resulta extraño que en estas circunstancias la libertad de expresión se torne medrosa. Cierto es que algunos de ellos, como ocurre con la televisiones autonómicas en los que información y opinión se entremezclan y confunden, nacieron para ser correas de transmisión de los partidos gobernantes pero otros, empequeñecidos por las dificultades económicas, han arrumbado la siempre deseable objetividad e imparcialidad para perseguir idéntico fin. Así, resulta patético contemplar o escuchar al sectarismo rampante que con altas dosis de histrionismo parece dominar o invadir las tertulias sobre la actualidad política y en las que pretendiendo ofrecer una imagen de pluralidad que no es tal alguien, casi siempre los mismos, se prestan a hacer de punching para recibir los golpes dialécticos de la mayoría.
Llegados a este punto se podrá decir que siempre es posible cambiar de canal o dial e incluso apagar la radio o la televisión. Pero, quid pro quo, también sería deseable no desconocer que espectáculos de este jaez se financian con el dinero de los contribuyentes. Hace apenas seis meses El País publicaba una información según la cual cada hogar español desembolsó 110 euros en 2009 para mantener las televisiones autonómicas y 34 para sostener a TVE.
En estos momentos en los que las CCAA han emprendido una alocada carrera por reducir el déficit arremetiendo contra funcionarios y empleados públicos queda por saber si emplearán el mismo ímpetu contra las televisiones autonómicas de las que se dice acumulan una deuda de 1.400 millones de euros.
Ciertamente este no es el caso de la Comunidad de Castilla y León que, como se sabe, es de las pocas Comunidades junto con Rioja y Cantabria que carecen de televisión autonómica, pero ello no ha sido óbice para que nuestra Comunidad haya cerrado el tercer trimestre del pasado año con una deuda de 5.000 millones de euros. Ahora, cuando el gobierno de la Junta , en el marco de una política de recortes y subida de impuestos, pretende recaudar 140 millones a través del “céntimo sanitario”, restaurar el impuesto sobre patrimonio y congelar el salario de los empleados públicos ampliando su jornada laboral convendría se cuestionara si es asumible y razonable los 25 millones que euros que anualmente concede a la televisión privada de esta Comunidad.
* Foto extraída de www.periodistadigital.com
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