RECORTES A LOS POLÍTICOS

Ciertamente no es lo mismo  hacer una política de recortes que  recortes en la política, especialmente por lo que atañe a quienes se dedican a tan noble actividad. Con ocasión de la crisis, los gobiernos de distinto signo político en España se están aplicando con especial pertinacia a la primera pero no muestran idéntico afán con respecto a la segundo.

El  próximo 30 de abril finaliza el plazo que el Ministerio de Hacienda ha fijado a las Comunidades Autónomas, corporaciones locales y provinciales para que envíen al mismo el plan de ajuste con el compromiso firma de cumplir el objetivo de déficit y estabilidad presupuestaria fijado en el 1,5% del PIB. Pues bien, ya que la clase política carece de imaginación, cuando de apretarse el cinturón se trata, propongo que en ese plan de ajuste se contemple la modificación de las organizaciones,  reglamentos y cuantas disposiciones sean necesarias para que comunidades autónomas, corporaciones locales y provinciales reduzcan el número de plenos, comisiones, consejos y reuniones. Es bien sabido que las personas que participan en los mismos perciben unas remuneraciones por asistencia a los mismos siempre que no ostenten la condición de liberados y en algún caso también. Por otra parte, es un hecho observado que el número de reuniones en todos los niveles de la administración se ha incrementado casi de forma exponencial con el considerable gasto que ello comporta. Sirva como ejemplo que según el balance de la actividad parlamentaria de las Cortes de Castilla y León el número de comisiones celebradas en la pasada legislatura, plenos aparte, fue de 673, lo que supuso en la práctica un incremento de hasta el 60% respecto a la media de periodos anteriores.

No parece que en unos momentos en los que el propio Rajoy afirma que no hay dinero para los servicios públicos sean necesarias tantas reuniones y si lo son redúzcanse las remuneraciones por asistencia. Aquellos que entiendan que al reducir al número se obstaculiza la labor de control y fiscalización de la acción de gobierno por parte de la oposición conviene que no olviden que esa tarea se puede hacer sin necesidad de la presencia física y, en todo caso, basta con aumentar el número de asuntos en cada sesión. No es de recibo que cuando se ha incrementado la jornada laboral a 37,5 horas semanales no se incremente su duración.

Seguramente más de uno habrá pensado en el consabido chocolate del loro pero echen cuentas y verán que no es tal. Si lo que quieren, en cambio, son emociones fuertes procedan, de una vez, a la integración de ayuntamientos (2.243 en esta región) y supriman diputaciones (9). Y si no se quiere ni lo uno ni lo otro adóptese alguna medida que, al menos, tenga el valor añadido de la ejemplaridad, algo de lo que tan necesitada está la sociedad.

EL COPAGO FARMACÉUTICO

El Consejo Interterritorial de salud del pasado día 18 en el que se propuso modificar el copago farmacéutico ha puesto de manifiesto, como ya escribí en este blog, cuán lejos se está de alcanzar un pacto por la sanidad en España. La esquizofrenia política que se vivió en el mismo es la manifestación más evidente de que, a corto o medio plazo, el pacto no será posible. Los consejeros de sanidad de todas las Comunidades Autónomas son conscientes de que en la actual coyuntura económica es necesario reducir el gasto farmacéutico. Estando de acuerdo, sin embargo, en el quid de la cuestión  discrepan en el quo modo de la solución. Alguna Comunidad, como es el caso de Cataluña, ha introducido el pago de un euro por receta con el apoyo del Partido Popular. Otras, como Andalucía, han puesto en marcha la subasta de medicamentos que ha sido recurrida por el Partido Popular ante el tribunal constitucional y que no descarta adoptarla a nivel nacional. Unos y otros, junto con canarios y vascos, han rechazado el modelo de copago propuesto por el gobierno. Luego todos se extrañan  que una parte de la ciudadanía reclame que las competencias en sanidad sean devueltas al Ministerio de Sanidad. Para añadir más confusión y controversia a la cuestión el presidente de la organización médica colegial dice que el copago farmacéutico en función de la renta es una de las medidas que se pueden adoptar para  frenar el uso excesivo de fármacos en España como si los médicos no tuvieran nada que ver en el mismo. Ciertamente la modificación que se propone en el copago farmacéutico es más justa, toda vez que se tiene en cuenta más la capacidad económica que la edad de las personas, pero su extensión a los pensionistas ha generado el rechazo, sin excepción, de todos los partidos.

Una vez más los más de 8 millones de pensionistas, de los que 600.000 residen en Castilla y León, están siendo objeto de mercadeo electoral y político. La ministra de sanidad se defiende diciendo que la reforma lo que pretende no es recaudar, sino disuadir, porque se desperdician 3.700 toneladas al año en medicamentos que no se han llegado a consumir con un coste de 1.200 millones para el sistema de salud. Si realmente es así, y no hay porqué dudarlo, la primera medida que debería haberse tomado hace ya algún tiempo es la de adecuar los envases de fármacos a la prescripción como se viene haciendo en los países de nuestro entorno y especialmente en los Estados Unidos.

Pero con la prima de riesgo hociqueando en los talones del gobierno éste se ve urgido en la necesidad de anunciar medidas que calmen la voracidad de los mercados internacionales pero que al no estar incardinadas en un amplio plan de reforma del sistema de salud son percibidas por los ciudadanos como improvisadas. No resulta extraño, por tanto, que éstos se pregunten que más habrá que hacer y durante cuanto tiempo para satisfacer a la canciller de Alemania que, esta vez si, por vía pacífica parece dispuesta a adueñarse de Europa.

PACTO POR LA SANIDAD

Tras el anuncio del gobierno de reformas inminentes en la sanidad y la educación ha vuelto a la actualidad el pacto por la sanidad.

Estaba cantado. La ministra de sanidad, Ana Mato, en su primera comparencia en el congreso ya ofreció un pacto de Estado con autonomías y partidos políticos. Se trata, sin duda, de una muy loable intención. Pero los precedentes en esta cuestión no invitan al optimismo. El pacto por la sanidad formó parte de los programas electorales de los principales partidos en las elecciones generales del 2008. El Partido Socialista ganó las elecciones y el ministro  Bernat Soria ofreció a la oposición un pacto por la sanidad que tuvo su continuidad en sus sucesores: Trinidad Jiménez y Leire Pajín. A pesar de que en el tablero político el poder autonómico en la pasada legislatura era propicio, toda vez que se encontraba repartido casi a partes iguales entre los dos grandes partidos, el Partido Popular rechazó el pacto.

Pilar Farjas, hoy secretaria general del ministerio, en su etapa como consejera de sanidad en la Xunta de Galicia impulsó el llamado “cataloguiño”, un catálogo con el que la Xunta pretendía financiar solo los medicamentos más baratos. La medida fue recurrida por el ministerio de sanidad socialista ante el tribunal constitucional. Ahora, la Junta de Andalucía ha realizado una convocatoria de subasta de medicamentos con la que pretende ahorrar 200 millones de euros. Pues bien, el pasado día 2 el consejo de ministros decidió presentar ante el tribunal constitucional un conflicto de competencias.

Son solo botones de una

muestra que ponen de manifiesto el escaso interés de ambos partidos por el pacto. Es más, el Partido Socialista va a vertebrar, a buen seguro, de hecho ya lo está haciendo, una estrategia de oposición en torno a sanidad, educación y servicios sociales que considera patrimonio de la izquierda. Partido Popular y Socialista saben que el pacto no es posible y además para el PSOE es indeseable, en este momento, como anteriormente lo fue para el PP.

Pero la ministra Mato sabe también que la política, además del arte de lo posible, es  teatralización de las cosas y el ofrecimiento de un pacto a la  oposición a comienzo de la legislatura no deja de ser una magnífica puesta en escena. Recientemente, a propuesta de CIU y con el apoyo de la práctica totalidad de los partidos políticos se anuncia la creación en el Congreso de una subcomisión para estudiar las bases del pacto. Una forma como otra cualquiera de marear la perdiz durante toda la legislatura como ya sucediera en la anterior y, al tiempo, engrosar la cuenta corriente de los diputados. De ahí que es probable que se sigan formando comisiones o subcomisiones pero el resultado parece de antemano decantado.

EL PSOE DE CASTILLA Y LEÓN

En los próximos días se celebrará el congreso regional del Partido Socialista. Todo hace suponer que Julio Villarrubia, hasta ahora único candidato, está llamado a ocupar la secretaría general del partido socialista de Castilla y León.

Un nuevo líder, uno más, uno de tantos con el que el Partido Socialista pretende alcanzar el gobierno de esta Comunidad. No le será fácil y, no tanto por méritos ajenos, como por deméritos propios. Tras una larga trayectoria en la oposición, casi veinticinco años, culminada con unos resultados electorales indubitadamente catastróficos, el Partido Socialista se presenta ante este congreso con  escasa o nula ambición política, dada la posición acomodaticia en la que se encuentra. Lo que a buen seguro va a permitir que se imponga la línea oficial sin apenas debate o confrontación. Y ello es posible porque el partido socialista de Castilla y León se halla esclerotizado en su estructura regional y provincial. Lastrado por los sucesivos reveses electorales no ha podido tener un líder consolidado. Y lo que es peor aún, se ha mostrado incapaz de elaborar un proyecto político de Comunidad que pudiera ser visibilizado por la sociedad como alternativa al del Partido Popular. A nadie se le oculta que el más grave problema al que se enfrenta Castilla y León es el envejecimiento, la dispersión y la pérdida de población. Pues bien, en ese tema en el que la Comunidad se juega  su futuro así como en la reforma del estatuto, verdadero instrumento político para cambiar las cosas, ha ido del ramal del consejero de presidencia, De Santiago Juárez, que es  el político de Castilla y León con más olfato político. Su discurso ha quedado reducido a las políticas sociales y aquí ha pinchado en hueso, porque en esta materia el Partido Popular es el partido más a la izquierda de todos los partidos populares. Educación, sanidad, servicios sociales, dependencia son ejes vertebradores en la acción de gobierno del presidente  Herrera como se demuestra, año tras año, con los presupuestos de la Comunidad. Es precisamente  la inconsistencia de su discurso la que hace irrelevante su presencia en los medios de comunicación. Por si fuera poco el Partido Popular le ha disputado y ganado anclajes en la sociedad muy importantes para el partido socialista como son los sindicatos de clase.

Así las cosas, sin líder natural ni proyecto político alguno, el congreso regional socialista se asevera más como un congreso del que saldrá un equipo directivo dedicado a gestionar la indigencia en la que se encuentra tras los últimos resultados electorales que como una alternativa confiable al gobierno del Partido Popular.

TRES MESES DEL GOBIERNO DEL PP

En una situación como la actual, de grave crisis económica y social, es más exigible que nunca un esfuerzo pedagógico y de información, es decir, de comunicación que acompañe a la acción de gobierno. Han bastado tres meses en el gobierno y el Partido Popular ha vuelto por donde solía. A mostrar graves carencias en la política informativa y de comunicación que tanto tuvo que ver con la pérdida del gobierno en el 2003. La desafección de más de 400.000 personas votantes del Partido Popular en las elecciones generales y que en las recientes elecciones autonómicas prefirieron quedarse en casa tiene mucho que ver con las contradicciones en las que se ha incurrido, la percepción ciudadana de que la clase política está resultando incólume en esta crisis, mientras que las clases medias y trabajadoras están soportando enormes sacrificios sin que se sepa si lo padecido hasta ahora será suficiente o habrá que seguir apretándose el cinturón y hasta cuándo.

Ya no es tiempo de seguir insistiendo en la herencia recibida. Recuérdese que fue el propio Rajoy quien dijo que no culparía al ejecutivo saliente de las medidas que tuviera que tomar. Ni tampoco en que se han adoptado más medidas en tres meses que en los tres años anteriores porque es preferible adoptar pocas y de importancia que muchas sin ella (non multa, sed multum). O que las medidas adoptadas, especialmente las más impopulares  nos vienen impuestas por Europa, porque esto es algo que ya sabíamos y sufríamos desde mayo 2010. Y que, en definitiva, la situación del país es crítica porque esto es algo que ya está masticado y en proceso de digestión por muchas familias españolas.

No se puede hacer una reforma laboral poniéndola en manos de empresarios por muy creadores de empleo que sean y no dar una explicación, convincente o no, sobre la misma. Buena prueba de ello es que, frente a la huelga general del pasado día 29 y las multitudinarias manifestaciones que con esta ocasión tuvieron lugar, el gobierno respondió a través de la directora general de política interior que demostró con la sola lectura de un papel que no era la portavoz más adecuada.

No deja de sorprender que en momentos de hiperestesia social como los que vivimos la noticia más relevante de los presupuestos, amén de la austeridad de los mismos, sea la amnistía fiscal de la que, estando en la oposición, la propia secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal dijo: “estamos en contra de subir los impuestos a los trabajadores y aprobar una amnistía fiscal para cuadrar el recorte del déficit.”(sic)

Y todo ello con el Sr. Rajoy ausente, la TV pública en manos de socialistas y  con el mejor de los comunicadores del partido, como el Sr. González Pons, alejado de la primera línea de la política. Así las cosas, la comunicación del partido y del gobierno queda en manos de las Sras. Cospedal y Sáez de Santamaría relacionadas ambas en algunos medios de comunicación, ¡oh casualidad!, con algunas formas de nepotismo.

No es extraño que en este contexto la imagen que proyecte el gobierno a través del Sr. Montoro sea  la del cobrador del frac, la cual puede tener mucho de eficacia pero nada de pedagogía.

* Foto extraída de www.lamoncloa.gob.es