ESPAÑA EN LA ENCRUCIJADA

Seis meses después de la llegada de Rajoy a la presidencia del gobierno son suficientes para constatar que Mariano Rajoy no solo no ha desarrollado las medidas que aseguró pondría en marcha si llegaba al gobierno, sino que ha emprendido acciones contrarias a las contempladas en el programa electoral y por las cuales el pueblo español le otorgó la mayoría absoluta para que, sin condicionantes de ningún tipo, pudiera llevarlas a efecto. Rajoy se ha excusado en que el déficit de las cuentas pública era superior al inicialmente previsto y ha encontrado en la herencia recibida el parapeto o burladero en el que refugiarse de las críticas recibidas. Pero Rajoy como presidente del gobierno, que lo es, debe asumir la responsabilidad del error de cálculo cometido y explicar por qué las recetas que en su día se dieron para acabar con el déficit  no valen ahora cuando lo que cabía esperar era la aceleración y profundización de las mismas. Rajoy está sorteando la crisis y atajando el déficit con “pellizcos de monja”  que, a la vista está, no están sirviendo para nada. El déficit público acumulado del Estado en los cinco primeros meses del año ha sido del 3,41% rozando el 3,5% previsto para el conjunto del año. En definitiva, improvisación tras improvisación frente a la planificación prometida. Seré, llegó a afirmar, un presidente previsible. Hoy, seis meses después es el arquetipo de la imprevisión. Ni antes Zapatero, que ni siquiera reconoció la crisis cuando ésta ya  había comenzado, ni hoy Rajoy han entendido que la crisis en España no solo es económica, sino que también está en crisis el modelo de organización, estructura y funcionamiento que sustenta al Estado.  Ya había advertido Ortega y Gasset  que: “la España de antes y la de ahora tiene pocos hombres adecuados en el lugar adecuado”. Se trata de un modelo que ha servido mucho y durante mucho tiempo pero que está necesitado de una urgente revisión y puesta a punto. Y es que ni siquiera algunos conflictos surgidos en el ámbito de la convivencia como el del terrorismo y que otrora sirvieron como excusa para no hacerlo pueden sostenerse en la actualidad.

CRISIS, EL RABO POR DESOLLAR

Rajoy, como ya ocurriera con Zapatero, esta intentando sortear la crisis con el menor coste político, pero es evidente que la propia Comisión Europea y la señora Merkel están convencidos de que los españoles nos queda algún agujero con el que apretar, aún más si cabe, el cinturón. Según se sabe, hay un ultimátum de la Comisión Europea a Rajoy para que adelante, antes de finales  del mes de julio, las líneas maestras de los presupuestos generales del  Estado para los dos próximos años con medidas concretas como subida del IVA, aplicación inmediata del retraso de la edad de jubilación, rebaja de las cotizaciones sociales y eliminación de la deducción por vivienda. La advertencia parece que va en serio, toda vez que corre riesgo de que si no se contemplan estas medidas podía quedar suspendido el préstamo de hasta 100.000 millones de euros para la banca española, cuyas condiciones se están negociando. Todo hace indicar que Rajoy claudicará para no caer en la intervención de la que no quiere oír hablar. Si la intervención se produjera la crisis política seria un hecho. Si no se produce, pero los ciudadanos perciben que solo a ellos se les exige sacrificios económicos de los que la clase política sigue estando exenta (la modificación de la ley de financiación de partidos les garantiza 66 millones de euros del Estado que Amaiur, PSOE e IU les parece insuficiente porque no se incluyó en la propuesta una cláusula anual del IPC) la crisis política y social estará servida. En consecuencia, se presume un otoño muy caliente y tal vez el gobierno tenga que poner en estado de alerta a los bomberos en quien los españoles, según el CIS, tienen depositada su confianza. 

CRISIS Y EL PACTO PP-PSOE

 Cuando se va a cumplir 6 meses de la llegada del Partido Popular al gobierno de España y después que el pasado jueves la rentabilidad del bono español a diez años superara por primera vez, desde la entrada del euro, la temida barrera del 7% son muchos los españoles que ahora recuerdan una vieja canción cuya letra decía: “Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio…….” En estas circunstancias no resulta extraño que desde diversos ámbitos se alcen voces que reclaman un pacto PP-PSOE como medio para superar una crisis que, lejos de resolverse, parece cada vez más enconada. Quienes así piensan olvidan o ignoran que ya existe entre ambas formaciones políticas un pacto tácito o no escrito mediante el cual se ha consolidado a lo largo de los últimos años un sistema bipartidista dispuesto a impedir o bloquear cualquier reforma legislativa que pudiera alterar el statu quo preexistente. De ahí que algunas reformas como la de la ley electoral, la revisión del título VIII de la Constitución y otras reformas especialmente sentidas como necesarias para una parte importante de la población española no se lleven a efecto.

Solo el llamado estado de bienestar es objeto de confrontación y controversia partidista. La sanidad y la educación junto con los servicios sociales son consideradas por la izquierda como parte de su código genético y, en consecuencia,  materias no transaccionales.

Desde la Unión Europea, el Fondo Monetario internacional y el Banco Central Europeo se insiste en que es necesario reducir el gasto público, lo que exige reformar la estructura del Estado pero esto es algo que ni PSOE ni PP parecen querer entender y menos aún abordar.

Mientras, las elecciones griegas del próximo domingo, la reunión del G-20 el lunes, la cumbre del crecimiento que se celebrará el día 22 en Roma y el Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio marcarán el destino de este país. Un destino que parece ha dejado de estar  en nuestras manos. Se confía que  la pasión que suscita  “la roja” en estas fechas ejerza un efecto placebo con el que aliviar nuestros males.

Después vendrá el verano. Políticos y ciudadanos esperan que para entonces la crisis económica pueda darnos un respiro.

LA CRISIS DEL INCRÉDULO

Nos dijeron que lo que estábamos sufriendo en España era una desaceleración acelerada de la economía y yo no me lo creí.

Que empezaban a surgir brotes verdes, que lo más duro de la crisis había pasado ya y que saldríamos de la misma en el 2.010 y no lo creí.

Como tampoco creí cuando se nos dijo que España contaba con el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional.

Y que el déficit era, tan solo,  del 6% del PIB, luego resultó ser el  8,51 y posteriormente del 8.9.

 Se nos dijo, hace tan solo seis meses, que lo que no llevo en mi programa electoral no lo hago, que no recortaré en sanidad y educación, que no abarataré el despido, que no subiré los impuestos en los próximos meses para reducir el déficit y que no me gobernará Europa y nada de lo que entonces se dijo creí

Ni  creo que vaya a haber trasparencia en la gestión de los fondos públicos cuando el congreso rechaza investigar a Dívar, a Bankia y al Rey  y el PSOE hace lo mismo con los ERES en Andalucía.

Tampoco creo, cuando se ha dicho, que el rescate de Bankia no comporta tocar los presupuestos, ni un aumento del ratio de la deuda pública y que no va a haber rescate europeo.

Que menos aún  creo que España reciba 100.000 millones de euros para rescatar a la banca sin repercusión para los ciudadanos y que, tan buena noticia. no haya sido comunicada por el Presidente del Gobierno.

Hoy, soy uno de tantos  españoles que, según el CIS, deposita también su confianza en los bomberos en  la esperanza de que, por mi condición de incrédulo, puedan rescatarme del fuego eterno.

ABORTO

A comienzos del presente año el PSOE afirmaba en el Congreso de los Diputados que desde que la venta de “la píldora del día después” se efectuaba sin necesidad de receta médica el número de abortos voluntarios había descendido por primera vez en 2009 desde el año 1.985.

La realidad, cito fuentes del propio Ministerio de Sanidad, es que el numero de abortos voluntarios en España no ha parado de crecer desde el año 2001 hasta alcanzar la cifra de 115.812 en 2.008. Descendió efectivamente en 2.009 (11.482) pero en 2010 volvió a crecer un 1,3% (113.031). No parece, por tanto que ni la venta sin receta de la píldora del día después ni la nueva ley de plazos del aborto, que entró en vigor el 6 de julio de 2010, medidas ambas adoptadas por el anterior gobierno socialista, tengan que ver en estas cifras. Habrá que esperar a los datos de 2011 para conocer su  impacto sobre el aborto.

Sin embargo, ya hay algún dato preocupante que indica que el número de abortos pueda estar aumentado. En 2010, un 35% de las mujeres que voluntariamente se habían sometido a un aborto lo habían hecho anteriormente en una o más ocasiones frente al 25% de 2.001.Este hecho pone de manifiesto una creciente banalización social del aborto y la no utilización o ausencia de métodos protectores eficaces frente al embarazo. La cuestión, al margen de consideraciones éticas o morales, es que la interrupción repetida de embarazo puede ocasionar problemas de infertilidad y comprometer, por ello, el porvenir genésico de estas mujeres.

 En Castilla y León, una de las regiones con más baja tasa de natalidad de España y de Europa, el sistema regional de salud tramitó el pasado año 348 interrupciones de gestación frente a 149 del año anterior. Lo que representa un 44% más y una inversión de 703.815 euros en esta prestación.

La crisis económica ha supuesto un serio frenazo a los incrementos progresivos de la tasa de natalidad que se venían observando en España desde 2002. A partir de 2.008 la tasa de natalidad ha experimentado un leve descenso. A ello contribuye el hecho de que el número de partos de mujeres extranjeras se ha estacionado en los dos o tres últimos años en torno al 20%. Solo la llegada de nuevas mujeres extranjeras a nuestro país permitiría remontar la situación, ya que la fecundidad de las mujeres extranjeras afincadas en España que era de 1,90 en 2.003 ha bajado a 1,64 en 2010 al adoptar pautas de comportamiento en la reproducción sexual semejantes a las mujeres españolas.

Son hechos y datos que al margen de cualquier consideración personal sobre el aborto merecen una reflexión. La política antinatalista y cortoplacista llevada a cabo por gobiernos de todo signo político en nuestro país al objeto de garantizar el estado de bienestar y evitar su impacto no solo sobre el déficit público por el coste directo de los programas de apoyo a la familia, sino también por sus efectos sobre la educación y la sanidad se ha venido abajo por efecto de la crisis y ahora no cabe esperar los efectos positivos a largo plazo que hubiera producido una política pronatalista como la mayor recaudación y contribución a la Seguridad Social.