Queda muy poco tiempo. Apenas unos días para que Mariano Rajoy descubra su plan, hasta ahora celosamente guardado, para afrontar la crisis. Hay quien ha querido ver en las medidas anunciadas por Cospedal para Castilla-La Mancha un anticipo de la política de recortes que planteará Mariano Rajoy.
Sin embargo, del plan de Mariano Rajoy como futuro Presidente del Gobierno se espera algo más que recortes de urgencia para cumplir con la estabilidad presupuestaria y hacer frente a la deuda. Porque, si así fuera, se frustraría la esperanza de casi once millones de españoles que ha depositado su confianza en el Partido Popular. Y es que, de Rajoy y su Gobierno, lo que de verdad se espera es la presentación de un plan que, entre otras cuestiones, acometa la tarea de reordenación del Estado para aminorar sus costes estructurales.
España está necesitada de reformas constitucionales y legislativas que permitan reducir la clase dirigente política hoy absolutamente hipertrofiada. De algunas provincias, por su escasa población, puede afirmarse, no sin exageración, que tienen más representantes políticos que representados. En esta línea se hace preciso redimensionar la representación popular en los parlamentos constituidos hoy por una mayoría silenciosa (de muchos parlamentarios al acabar la legislatura no se le conoce el tono de su voz), que más que representar a la circunscripción por donde son elegidos son representantes de su partido en esa circunscripción. Las listas cerradas y bloqueadas tienen mucho que ver en ello. En todo caso, la circunscripción electoral única se impone. Debe igualmente suprimirse el Senado que tras reiteradas y nunca cumplidas promesas de reforma constituye hoy el refugio de las clases pasivas de la política. Todo un lujo que no nos podemos permitir. Otro tanto debe hacerse con las Diputaciones, limitadas en la actualidad a transferir con una mano los fondos públicos que reciben por la otra y, en ocasiones, sin más criterio que el mero y simple clientelismo. Si su existencia se justifica por la atención y asistencia a pequeños municipios debería saberse que muchos de ellos son inviables y lo que procede es su reagrupamiento. Estos son algunos de los recortes que los ciudadanos esperan y desean del nuevo Gobierno. Pero no es suficiente. Es necesario algo más. Debe dotarse de músculo a la Administración y rebajar la grasa que le sobra para hacerla más ágil y eficaz. Se hace preciso, por tanto, la reordenación y/o fusión de ministerios y consejerías de manera que se eviten duplicidades y complejas competencias y con ello el peloteo al que se someta al ciudadano cuando de reclamar ante la Administración se trata.
Y por último, y no por ello menos importante, ha de definirse y readaptar el modelo de bienestar actual para hacerlo viable y sostenible también en tiempos de crisis.
En definitiva, limitarse a hacer recortes en los salarios de los funcionarios en línea con lo anunciado por Cospedal sería más de lo mismo que ya hiciera Zapatero en mayo 2.010 y que despertó la animadversión de los ciudadanos. Para este viaje no necesitábamos estas alforjas. O sí, que diría Rajoy. En todo caso, la Sra. Cospedal debería haber sido sensible a otras opiniones dentro de su propio partido como la expresada por el Sr. Bouzá, quien ha manifestado que el problema de la crisis es un problema que hemos generado los políticos y deben ser los políticos los que lo solucionen y no deben padecerlo ni los funcionarios ni los pensionistas. Dicho está. Dicho queda. Ahora lo que resta es aplicarse el cuento.
* Foto extraída de www.noticias.terra.es
Sin embargo, del plan de Mariano Rajoy como futuro Presidente del Gobierno se espera algo más que recortes de urgencia para cumplir con la estabilidad presupuestaria y hacer frente a la deuda. Porque, si así fuera, se frustraría la esperanza de casi once millones de españoles que ha depositado su confianza en el Partido Popular. Y es que, de Rajoy y su Gobierno, lo que de verdad se espera es la presentación de un plan que, entre otras cuestiones, acometa la tarea de reordenación del Estado para aminorar sus costes estructurales.
España está necesitada de reformas constitucionales y legislativas que permitan reducir la clase dirigente política hoy absolutamente hipertrofiada. De algunas provincias, por su escasa población, puede afirmarse, no sin exageración, que tienen más representantes políticos que representados. En esta línea se hace preciso redimensionar la representación popular en los parlamentos constituidos hoy por una mayoría silenciosa (de muchos parlamentarios al acabar la legislatura no se le conoce el tono de su voz), que más que representar a la circunscripción por donde son elegidos son representantes de su partido en esa circunscripción. Las listas cerradas y bloqueadas tienen mucho que ver en ello. En todo caso, la circunscripción electoral única se impone. Debe igualmente suprimirse el Senado que tras reiteradas y nunca cumplidas promesas de reforma constituye hoy el refugio de las clases pasivas de la política. Todo un lujo que no nos podemos permitir. Otro tanto debe hacerse con las Diputaciones, limitadas en la actualidad a transferir con una mano los fondos públicos que reciben por la otra y, en ocasiones, sin más criterio que el mero y simple clientelismo. Si su existencia se justifica por la atención y asistencia a pequeños municipios debería saberse que muchos de ellos son inviables y lo que procede es su reagrupamiento. Estos son algunos de los recortes que los ciudadanos esperan y desean del nuevo Gobierno. Pero no es suficiente. Es necesario algo más. Debe dotarse de músculo a la Administración y rebajar la grasa que le sobra para hacerla más ágil y eficaz. Se hace preciso, por tanto, la reordenación y/o fusión de ministerios y consejerías de manera que se eviten duplicidades y complejas competencias y con ello el peloteo al que se someta al ciudadano cuando de reclamar ante la Administración se trata.
Y por último, y no por ello menos importante, ha de definirse y readaptar el modelo de bienestar actual para hacerlo viable y sostenible también en tiempos de crisis.
En definitiva, limitarse a hacer recortes en los salarios de los funcionarios en línea con lo anunciado por Cospedal sería más de lo mismo que ya hiciera Zapatero en mayo 2.010 y que despertó la animadversión de los ciudadanos. Para este viaje no necesitábamos estas alforjas. O sí, que diría Rajoy. En todo caso, la Sra. Cospedal debería haber sido sensible a otras opiniones dentro de su propio partido como la expresada por el Sr. Bouzá, quien ha manifestado que el problema de la crisis es un problema que hemos generado los políticos y deben ser los políticos los que lo solucionen y no deben padecerlo ni los funcionarios ni los pensionistas. Dicho está. Dicho queda. Ahora lo que resta es aplicarse el cuento.
* Foto extraída de www.noticias.terra.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario