RECORTES SANITARIOS EN CASTILLA Y LEÓN

Lo anunciaba hace unos días el propio Consejero. La Consejería de Sanidad reducirá las guardias médicas en un 3,5% en todos los hospitales de la Comunidad para ahorrar 4 millones de euros. Se veía venir. Algunos lo anticipábamos en este blog. Sabíamos que quienes en su día hablaban de eficiencia en la sanidad  era, en realidad, un eufemismo con el que encubrir los recortes. Antes se habían producido en Cataluña y muy probablemente se extenderán al resto de Comunidades Autónomas. Ahora bien, si por recortes se entiende, lo que recoge la primera acepción del Diccionario de la Lengua, cortar lo que sobra no solo no hay nada objetable en ello, sino que es exigible en una situación en la que el sistema regional de salud acumula una deuda cercana a los 600 millones de euros.

Pero antes de que los recortes lleguen a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos, que son los destinatarios de los servicios sanitarios, debería ser la Administración sanitaria, reestructurando la Administración General del SACYL la que, en primer lugar y en mayor medida, se apriete el cinturón antes de ajustárselo a los demás. A fin de cuentas es la propia Administración y sus dirigentes quienes nos han llevado a la situación actual. Cuando tanto se habla de la necesidad de coordinar atención primaria y especializada, no es de recibo que en una Comunidad como ésta, con 9 provincias, tenga tres gerentes por provincia: uno de área, otro de atención primaria y otro de atención especializada con sus correspondientes equipos directivos.
Por otra parte, la dotación de las plantillas de los facultativos de los servicios jerarquizados hospitalarios, desde los tiempos del INSALUD, ha estado guiada por criterios que poco o nada tienen que ver con la proporcionalidad y la racionalidad.  El resultado es que hay plantillas sobredimensionadas mientras otras resultan insuficientes. Es necesario y urgente auditar y homogeneizar las mismas.

El esfuerzo por la modernización de las infraestructuras y los equipamientos llevado a cabo  por la Junta de Castilla y León está siendo tan ingente como ineficiente. Es hora de optimizar los recursos de que se dispone que son muchos. La situación económica y sanitaria por la que atraviesa el país  y nuestra Comunidad no puede permitir que un hospital, como el recientemente construido en Burgos con 300 millones largos de inversión y casi un centenar en equipamiento, funcione a pleno rendimiento solamente por la mañana. Lo mismo puede decirse del resto de los  hospitales, especialmente de los universitarios o pretenciosamente así denominados. Hay de implicar a los profesionales sanitarios en la gestión y retribuir a los mismos no tanto por lo que se es, sino por lo que se hace a favor de una gestión eficiente de los cuantiosos recursos puestos a su disposición.

Los ciudadanos, a su vez,  como potenciales usuarios del sistema regional de salud deben ser conscientes del compromiso que todos tenemos de hacerlo sostenible. Hasta ahora, las llamadas a un uso racional de los servicios sanitarios  no parecen tener efecto. A nadie podrá extrañar que, por el bien de todos, se acaben implantando medidas correctoras si la situación no mejora.

SUBVENCIONES

Antes de pedir sacrificios económicos a los españoles, los poderes públicos deberían preguntarse, al modo Kennedy, qué pueden hacer como tales para sacar a España del atolladero económico en el que se encuentra.

Ciertamente vivimos tiempos difíciles. El ciudadano lo sabe y, en la mayoría de los casos, está dispuesto a soportar sacrificios económicos siempre que compruebe la buena utilización de los fondos públicos por parte de la Administración. Y aquí precisamente hay mucha tela por cortar. Me referiré en este caso a las subvenciones.
Los partidos políticos, protagonistas del sistema democrático, deberían renunciar a las generosas subvenciones que reciben del Estado. Hay, en este sentido, manifestaciones favorables de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre previas a las elecciones. Ahora el Partido Popular tiene la oportunidad, y la mayoría suficiente para hacerlo realidad, de acabar con situaciones como la del espectáculo de trapicheo político observado estos días con ocasión de la constitución de los grupos parlamentarios.

Otro tanto cabe decir de las subvenciones a sindicatos y empresarios. Unos y otros deben saber que la paz social no está en almoneda. La reforma social que propone Mariano Rajoy  ha hacerse, preferiblemente por acuerdo de ambos o, en su defecto, por el gobierno sin contraprestación alguna.
La cooperación al desarrollo ha alcanzado en algunas administraciones el 1% de su presupuesto, pero la pobreza también está entre nosotros. Más de 10 millones de españoles viven por debajo del umbral de la pobreza y, según el último informe de la OCDE, las diferencias entre ricos y pobres han aumentado en España. En estas circunstancias, resulta particularmente obsceno que un entramado de fundaciones y asociaciones, criadas a los pechos de los partidos políticos, hayan recibido casi 10 millones de euros a través de la Secretaría de la Cooperación para el desarrollo, entre 2004 y 2008, para la promoción de actividades de consolidación y reforzamiento de las democracias así como para la consolidación de los partidos políticos.

La crisis económica es una excelente oportunidad para acabar con esas subvenciones que no tienen otro fin que el clientelismo político y que tanto daño hacen a la calidad de nuestro sistema democrático

Otro tanto cabe decir de subvenciones a medios de comunicación convertidos por mor de las mismas en órganos de publicidad y propaganda del gobierno de turno, que es quien concede las subvenciones.
Por cierto, la TV pública debería racionalizar su horario, volviendo, si es preciso, a la carta de ajuste. Tal vez ello no genere ahorro importante, pero al menos serviría para ejemplarizar y, al tiempo, transmitir  al ciudadano el mensaje de que las cosas que realmente importan ya no son lo que eran y que, de verdad, todos estamos comprometidos a transitar la senda de la recuperación económica que nos conduzca al empleo.

EL PLAN

Queda muy poco tiempo. Apenas unos días para que Mariano Rajoy descubra su plan, hasta ahora celosamente guardado, para afrontar la crisis. Hay quien ha querido ver en las medidas anunciadas por Cospedal para Castilla-La Mancha un anticipo de la política de recortes que planteará Mariano Rajoy.
Sin embargo, del plan de Mariano Rajoy como futuro Presidente del Gobierno se espera algo más que recortes de urgencia para cumplir con la estabilidad presupuestaria y hacer frente a la deuda. Porque, si así fuera, se frustraría la esperanza de casi once millones de españoles que ha depositado su confianza en el Partido Popular. Y es que, de Rajoy y su Gobierno, lo que de verdad se espera es la presentación de un plan que, entre otras cuestiones, acometa la tarea de reordenación del Estado para aminorar sus costes estructurales.
España está necesitada de reformas constitucionales y legislativas que permitan reducir la clase dirigente política hoy absolutamente hipertrofiada. De algunas provincias, por su escasa población, puede afirmarse, no sin exageración, que tienen más representantes políticos que representados. En esta línea se hace preciso redimensionar la representación popular en los parlamentos constituidos hoy por una mayoría silenciosa (de muchos parlamentarios al acabar la legislatura no se le conoce el tono de su voz), que más que representar a la circunscripción por donde son elegidos son representantes de su partido en esa circunscripción. Las listas cerradas y bloqueadas tienen mucho que ver en ello. En todo caso, la circunscripción electoral única se impone. Debe igualmente suprimirse el Senado que tras reiteradas y nunca cumplidas promesas de reforma constituye hoy el refugio de las clases pasivas de la política. Todo un lujo que no nos podemos permitir. Otro tanto debe hacerse con las Diputaciones, limitadas en la actualidad a transferir con una mano los fondos públicos que reciben por la otra y, en ocasiones, sin más criterio que el mero y simple clientelismo. Si su existencia se justifica por la atención y asistencia a pequeños municipios debería saberse que muchos de ellos son inviables y lo que procede es su reagrupamiento. Estos son algunos de los recortes que los ciudadanos esperan y desean del nuevo Gobierno. Pero no es suficiente. Es necesario algo más. Debe dotarse de músculo a la Administración y rebajar la grasa que le sobra para hacerla más ágil y eficaz. Se hace preciso, por tanto, la reordenación y/o fusión de ministerios y consejerías de manera que se eviten duplicidades y complejas competencias y con ello el peloteo al que se someta al ciudadano cuando de reclamar ante la Administración se trata.
Y por último, y no por ello menos importante, ha de definirse y readaptar el modelo de bienestar actual para hacerlo viable y sostenible también en tiempos de crisis.
En definitiva, limitarse a hacer recortes en los salarios de los funcionarios en línea con lo anunciado por Cospedal sería más de lo mismo que ya hiciera Zapatero en mayo 2.010 y que despertó la animadversión de los ciudadanos. Para este viaje no necesitábamos estas alforjas. O sí, que diría Rajoy. En todo caso, la Sra. Cospedal debería haber sido sensible a otras opiniones dentro de su propio partido como la expresada por el Sr. Bouzá, quien ha manifestado que el problema de la crisis es un problema que hemos generado los políticos y deben ser los políticos los que lo solucionen y no deben padecerlo ni los funcionarios ni los pensionistas. Dicho está. Dicho queda. Ahora lo que resta es aplicarse el cuento.
* Foto extraída de www.noticias.terra.es

URDANGARÍN

Por las filtraciones a la prensa del sumario de caso Nóos se desprende que el Sr. Urdangarín ha llevado a cabo en los últimos años una conducta cuando menos inapropiada o inadecuada para cualquier ciudadano, pero mucho más si del ciudadano del que se trata es una persona tan estrechamente vinculada a la casa real. En consecuencia, debe ser inmediatamente separado de la misma. Se podrá aducir que el Sr. Urdangarín no ha sido juzgado y menos aún condenado y, en consecuencia, tiene como cualquier otro ciudadano la presunción de inocencia. ¿Pero alguien cree que con las filtraciones ya conocidas y las que pudieran presentarse en el futuro el Sr. Urdangarín está en condiciones de acudir a algún lugar representando a la Casa Real? Esperar en este caso a que la justicia se pronuncie tratando de ganar tiempo es la mejor forma de perderlo. Si al final del proceso recayera condena, la Casa Real estaría condenada y si no la hay, la sospecha sobre la injerencia de la Corona en la justicia estará servida.
Este país en su reciente etapa democrática acumula ya un elevado número de casos de corrupción. Desde distintas trincheras ideológicas los medios de comunicación, tratando de llevar agua a su molino, han llevado a la opinión pública todo género de divagaciones sobre acusados, inculpados, imputados o condenados sin obviar la presunción de inocencia invocada siempre como cortapisa o valladar para la no asunción de responsabilidades. En esta ocasión, cortesanos y aduladores de uno y otro bando están interesados en hacer opinión pública a través de la opinión publicada en un intento, creen ellos, de salvar y proteger a la monarquía. Vano intento, porque en una democracia la monarquía se salva sola o no se salva y en medio de la corrupción política que nos acecha, la monarquía tiene una ocasión propicia para demostrar su intolerancia con la misma.

* Foto extraída de www.semanaldigital.com

PSOE FRENTE A PSOE

Esta vez las encuestas no se equivocaron. La derrota socialista había sido anunciada por cuantas encuestas y sondeos se habían realizado en este sentido. Se contaba además con los resultados de los comicios electorales autonómicos y municipales muy próximos en el tiempo. No quedaba lugar para la sorpresa. Solo faltaba por saber la magnitud de la derrota. El 20 N dictó sentencia y la debacle del PSOE se hizo histórica.

Ningún dirigente en el PSOE pareció darse por enterado. A fecha de hoy, que se sepa, nadie ha presentado su dimisión. El máximo responsable y secretario general del partido encuentra en el determinismo económico una razón exculpatoria a la derrota.  No podía esperarse otra cosa de quien es autor de frases como: “la tierra no pertenece a nadie salvo al viento” o ¨mi patria no es España sino la libertad”. Se olvida que negó la crisis económica y que llamó antipatriotas a quienes, de buena fe, le hicieron saber que estaba equivocado. José Luis Rodríguez Zapatero, debería dimitir como secretario general del partido socialista. Es más debería haber dimitido la misma noche electoral. Ha tenido que renunciar a ser candidato, ha sido apartado de la campaña electoral, al punto de que su partido ha tenido que sacar a Guerra y González que son un pasado al que nadie quiere volver. Ha propuesto y ha apostado por un candidato como Pérez Rubalcaba que ha sido todo un fiasco como han demostrado los resultados electorales. Carece por tanto de autorictas para tutelar el congreso nacional de su partido.

De Pérez Rubalcaba se esperaba que, a última hora, se sacara un conejo de la chistera que revertiera la situación y no lo hizo. Con largo pasado político, estas elecciones deberían ser, tras el congreso de su partido, el punto y final a su carrera política.

Otro tanto puede decirse de responsables autonómicos y provinciales, algunos como el caso de Oscar López en Castilla y León, incapaz de dar tres razones para no votar al Partido Popular.

Cierto es que con cinco millones de parados hace demasiado frío a la intemperie para abandonar un puesto político, sobre todo si quien lo ocupa carece de oficio o profesión conocida. La excesiva profesionalización de la política ha llevado a esta situación en la que nadie se siente responsable. Es evidente que a algunos dirigentes del partido socialista les sobran afectos y mimitos y les está  faltando en este momento histórico generosidad y altura de miras para afrontar la crisis de su partido. 

*Foto extraída de www.laopiniondezamora.es